Lo que el equipo de gobierno municipal pretende presentar como una acción voluntaria y un ejemplar ejercicio de transparencia, en realidad no es si no la respuesta, obligada, que le impone el Tribunal de Cuentas en el curso del trámite que dicho Tribunal ha abierto, a instancias de la denuncia presentada por ICxP y Somos, para investigar la actuación de este equipo de gobierno actual en el marco del SEM y contratos asociados.
Es tan evidente que ni la propia publicación puede ocultarlo pues dice, textualmente, «el Consistorio renuncia a presentar alegaciones previas». Es evidente que sólo se pueden presentar alegaciones cuando se requieren a la parte denunciada en el curso de un proceso. ¿Cómo cabría hablar de presentar alegaciones si fuera cierto que se tratara de una «acción voluntaria» de solicitud de examen?
También falta esa publicación a la verdad cuando afirma que «una idoneidad que ya ha sido ratificada tanto por la Jurisdicción de lo Social como por el Ministerio Fiscal». La realidad es que lo Social se refiere a un proceso diferente, relativo a la relación entre los trabajadores del SEM y el Ayuntamiento. Y la realidad es que el Ministerio Fiscal no ha ratificado la actuación del equipo de gobierno con idónea, sino que lo que ha hecho es decir que el asunto no es competencia suya, sino del Tribunal de Cuentas, a donde la propia Fiscalía ha derivado el tema. La Fiscalía sí que se ha declarado competente y ha abierto una instrucción al respecto, por considerar que no existen motivos para desestimar la denuncia presentada por los dos partidos locales, ICxP y Somos.
Por tanto, la realidad de los hechos es que no es una acción voluntaria del equipo de gobierno municipal ni la actuación del mismo ha sido considerada adecuada por la autoridad judicial competente. Todo lo contrario, el equipo de gobierno se ha visto obligado a dar explicaciones y justificar su actuación, al ser denunciado, y la justicia competente aún no ha hecho pronunciamiento alguno.
